De la salida de crisis a un nuevo modelo de desarrollo: Chile 2022-2026

Propuesta de síntesis de objetivos y de políticas

Una gestión macroeconómica exitosa es aquella que articula el corto con el largo plazo de acuerdo a determinados objetivos, en los que el objetivo más valioso -el bienestar equitativo y sostenible de la sociedad- no debe ceder terreno frente a los menos valiosos o los que implican la mantención del statu quo y de privilegios injustos.  

El objetivo de bienestar equitativo está adecuadamente planteado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la que postula que toda persona debe acceder “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” y a ”seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”, lo que debe obtenerse en las circunstancias actuales de sobrepasamiento de los límites ambientales planetarios recuperando y preservando la resiliencia de los ecosistemas.

Avanzar hacia el objetivo de un bienestar equitativo y sostenible en Chile requiere superar la estructura de desigualdad y el funcionamiento económico social y ecológicamente depredador que la sostiene. Ese avance supone definir un horizonte temporal de metas, que se traducen en políticas de corto y de mediano y largo plazo, alrededor de las cuales se movilicen y amplíen los recursos disponibles para el logro de:

a) El pleno empleo (llegar a menos de 5% desempleo de la fuerza de trabajo hacia 2024) con trabajo decente, es decir con derechos y remunerado en condiciones justas con al menos un aumento de 25% del salario mínimo en abril de 2021 y aumentos reales anuales posteriores y una negociación colectiva interempresas a partir de 2022.

b) El acceso a medios de vida básicos mediante ingresos mínimos garantizados que incluyan desde 2021 un sistema simplificado de subsidios por hijo, de reconocimiento del trabajo doméstico y de pensión básica universal para que ninguna familia esté por debajo de la línea de pobreza.

c) La reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso, con una relación 10% más rico/40% de menos ingresos que pase del 3,2 actual a 2,5 en 2024.

d) La carbono-neutralidad en 2040, el fin del uso de carbón en la generación eléctrica en 2025 y el fin de las zonas de sacrificio humano y ambiental.

1. Las respuestas frente a la crisis: políticas de emergencia para el 2022-23

1.1 Política fiscal: 

Los acomodos del presupuesto 2022 y la elaboración de los presupuestos 2023 y 2024 (considerando los efectos de la reforma tributaria a realizar en 2021) deben tener como horizonte converger a un déficit estructural que debe pasar del 2,5% del PIB en 2021 a 2% del PIB en 2024. En este marco, los principales programas con gasto público adicional, con un costo de 9,5% del PIB en régimen y los correspondientes ingresos fiscales adicionales que lo financien, debieran ser:

- Subsidio de cesantía mejorado para asalariados y trabajadores por cuenta propia, que transite en régimen hacia la capacitación para el empleo de calidad: 2% PIB inicial y 1% en régimen.

- Programa de igualación del gasto por habitante en las comunas, con prioridad inicial en la creación de empleos sociales en servicios a las personas y en preservación urbano-ambiental y en la inversión en servicios sociales populares: 1% del PIB.

- Plan adicional de inversiones en infraestructura, transportes y mitigación del cambio climático: 2% del PIB.

- Pensión Básica Universal en nivel de línea de pobreza ($175 mil para 2,26 millones de mayores

de 65 años): 2,6% del PIB, 1,9% adicional a PBS y APS.

- Introducción de un componente de reconocimiento del trabajo doméstico en el Subsidio Familiar: 2,5% del PIB en régimen.

- Extensión de la capacidad resolutiva de la salud primaria: 1,1% del PIB.

Para financiar la convergencia a un déficit estructural de 2,5% a 2% del PIB y el 9,5% del PIB de gastos adicionales, sin perjuicio de los ahorros de gastos superfluos en burocracia y aportes de cotizaciones que permitan ampliaciones de otros programas, se considera la reducción de la evasión tributaria en 4% del PIB, (con 1% en reducción por IVA y 3% en reducción por impuesto a la renta) y una reforma tributaria que aumente la recaudación en 6% del PIB en régimen, basada en:

- un impuesto de 2,5% a los patrimonios netos superiores a US$ 5 millones de 9 mil personas (2% del PIB).

- un royalty de 10% a las ventas de la gran minería privada (1% del PIB).

- un impuesto de 0,3% a las transacciones financieras (1% del PIB).

- eliminar parte de las exenciones del IVA (0,7% del PIB).

- reponer el impuesto a las ganancias de capital (0,3% del PIB).

- desintegrar el impuesto a las utilidades y a los ingresos personales (0,3% del PIB).

- restablecer las tasas del impuesto a la renta de 2012 (0,3% del PIB).

- eliminar el tope de la patente industrial y comercial (0,3%) y pasar la recaudación al SII, junto a la de los permisos de circulación, para un Fondo Común Municipal que distribuya los ingresos tributarios locales según población. 

- aumentar el impuesto a las emisiones (0,1% del PIB).

1.2 Política monetaria y cambiaria

- Apoyo a meta de 3% de inflación en horizonte de 24 meses, coordinada con objetivo de empleo de menos de 5% en horizonte de 36 meses.

- Crédito garantizado a pymes ampliado (FOGAPE), 3% del PIB.

- Contrapartidas de propiedad en apoyo crediticio a empresas estratégicas.

- Coordinar con el Banco Central el programa de Facilidades de Financiamiento en el horizonte 2021-22, incluyendo la Facilidad de Financiamiento Condicional al Incremento de Colocaciones, para a) cautelar la transmisión de la política monetaria expansiva que la coyuntura requiere y facilitar el flujo de crédito; b) mantener la demanda por activos de mayor duración y riesgo consistentes con la diversificación productiva y la transición energética; c) proveer de liquidez en pesos y divisas a bajo costo a las instituciones bancarias. 

- Coordinar con el Banco Central la estabilización del tipo de cambio -mediante programas de compras y ventas de divisas como los puestos en práctica en 2019- alrededor de la paridad peso/dólar actual.

2. Los ejes programáticos económico-sociales para 2022-2026

2.1 Prioridades sociales

- Fortalecimiento de la negociación colectiva y de los derechos sindicales.

- Protección de los ingresos básicos.

- Impulso de la  economía social y del cuidado. 

- Reforma multipilar y solidaria al sistema de pensiones y salida de AFP de la seguridad social.

- Fortalecimiento de la salud pública y Seguro Universal de Salud, junto a política universal de acceso a bajo costo de medicamentos.

- Fortalecimiento de la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles y de la formación continua.

- Urbanismo integrador y expansión de la vivienda social.

- Desarrollo local con farmacias, ópticas, bibliotecas, disquerías e inmobiliarias populares  y casas de la cultura en todas las comunas de Chile y Universidades abiertas en todas las regiones.

2.2 Prioridades de transformación productiva

- Transformación energética hacia la carbono-neutralidad en 2040 con expansión de las renovables no convencionales y fin del privilegio de despacho de la centrales a gas en el sistema integrado de producción de electricidad.

- Matriz productiva en diversificación sustentable y circular: énfasis en encadenamientos hacia atrás y hacia delante en distritos industriales regionales, prioridad sectorial a alimentación y agroexportación saludables, minería industrializante (soporte de la electromovilidad), servicios a la producción de alta productividad y contenidos culturales. 

- Fin de zonas de sacrificio, reordenamiento del territorio y planes de convergencia inter-regional a través de inversiones en infraestructura, acceso al crédito y formación de capacidades humanas.

-       Ampliación y orientación del sistema de I+D a misiones públicas estratégicas.

- Banca de desarrollo al servicio de esas misiones, con reconversión del Banco del Estado, Corfo, Sercotec e Indap, con énfasis en la Pyme, y control de utilidades monopólicas de la banca.

- Creación de empresas nacionales de Energía (a partir de ENAP) y del Litio como soporte de las misiones tecnológicas.

- Acceso universal a Internet, introducción acelerada de 5G y formación continua para la economía digital, con énfasis en la Pyme.

- Regulación de tarifas y condiciones de servicio de monopolios naturales y de servicios básicos al servicio del consumidor y sin sobreutilidades monopólicas.